Publicado en el Boletín Oficial de Estado del 27 de febrero

 

La Agencia Tributaria ha publicado las Directrices del Plan de Control para 2023 con el fin de mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y prevenir incumplimientos. Han incluido una campaña de comunicaciones consistente en cartas informativas dirigida a empresas y personas físicas con actividad económica, sobre inconsistencias detectadas en sus declaraciones.

En los próximos días, se enviarán cartas informativas a empresas con inconsistencias significativas entre sus datos bancarios y financieros declarados (entradas y salidas en cuentas bancarias y cifras de ventas declaradas Modelo 200 ó 100).

Esta campaña tiene como objetivo mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, dando a conocer datos e informaciones disponibles en la Agencia Tributaria que apuntan a riesgos potenciales de incumplimiento en el comportamiento fiscal.

Campaña de Información y seguimiento

La carta informativa no requiere una respuesta obligatoria ni la aportación de información, pero se proporcionarán enlaces para aquellos que deseen remitir documentación o presentar autoliquidaciones complementarias a la Administración.

Después de la comunicación, las empresas serán objeto de un seguimiento específico por parte de los Servicios de Inspección para determinar si se producen variaciones positivas en las autoliquidaciones presentadas. Si las inconsistencias persisten o no son aclaradas, pueden dar lugar a procedimientos de control tributario debido al riesgo fiscal que presentan.

Dudas en el procedimiento

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Nuevo límite en las Solicitudes de Aplazamiento o Fraccionamiento

 

La Orden HFP/311/2023, publicada en el BOE, establece que el nuevo límite exento de 50.000 euros para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas públicas no se aplicará a las solicitudes que ya estén en trámite. Estas solicitudes seguirán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su presentación.

La Orden entrará en vigor el 15 de abril y sustituirá al antiguo límite exento de 30.000 euros. Cabe destacar que esta normativa se aplica únicamente a las deudas públicas derivadas de derechos de la Hacienda Pública Estatal gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otros órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos.